La renta básica

(Fuente: RTVE)

La pandemia del Covid-19 ha traído dos consecuencias inmediatas, miles de fallecidos en el mundo y la paralización de la actividad económica. Se han tenido que cerrar las grandes fábricas y el pequeño comercio, la actividad hostelera y el turismo, para propiciar el distanciamiento social, y de esta manera, combatir la propagación del virus. Las líneas aéreas apenas tienen actividad y miles de trabajadores, especialmente los más vulnerables, han ido al desempleo. Los Estados han establecido medidas para que muchos empleados sigan cobrando un sueldo mientras la actividad económica se reanuda. Sin embargo, numerosas familias, que vivían al límite de la pobreza, se han quedado sin ingresos, seguramente ya para un largo tiempo.

(Fuente: opositaytrabaja.com)

Cuando todavía no se ha vencido al virus y la recesión económica empieza a dar señales, se ha propuesto como medida económica imprescindible, la llamada renta básica universal. Un ingreso mínimo que tendría dos finalidades. Por una parte, ser un nuevo sistema de distribución de rentas. Desde la crisis financiera universal sabemos que los gobiernos apoyaron la oferta, la liquidez de los mercados financieros. La recuperación fue muy lenta y perjudicó sobre todo a los más desfavorecidos, mientras enriqueció a los que ya eran ricos. Ahora, por otra parte, se propone impulsar la demanda de bienes y servicios. Porque el problema no tiene una raíz económica en sí, sino externa al proceso productivo.

(Fuente: lavanguardia.com)

La incidencia del virus ha evidenciado una situación grave. La mayoría de la gente sufre dificultades económicas, sociales y emocionales. La solución, por tanto, más rápida sería la aplicación de una renta básica universal para reforzar la resistencia de los individuos y las familias. Una solución que es apoyada por los agentes sociales, e incluso por el Banco Central Europeo. El gobierno español, según las últimas noticias, se dispone a aprobar un ingreso mínimo vital, a cargo de la Seguridad Social, y que entraría en vigor el mes de junio. Una buena noticia porque tendría carácter estructural, al corregir la ineficiente distribución de las rentas de nuestro país. Parece ser que un millón de familias serían las beneficiadas y alcanzaría un coste de unos 3.000 millones de euros.

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