El estudio del sector secundario de la economía española ha implicado un análisis de la producción y del consumo energético. Nuestro país es dependiente de la importación de los combustibles fósiles, que se cifra en un 75%, frente al 50% de media de la UE y del 25% de EEUU. La apuesta por el petróleo, gas y carbón implica el empleo de las energías más contaminantes frente a las energías renovables, que estarían de acuerdo a la revolución tecnológica de la nueva industria. Hoy se vive una situación particular. Por una parte, bajos precios en el petróleo, por el que la factura que tiene que pagar el país se reduciría, en un 1,5% del PIB, es decir en unos 15.000 millones de euros del total.
Por otra parte, España todavía no ha superado la crisis económica que redujo las arcas del Estado, hasta el punto que tuvo que suprimir las primas a las energías renovables, con los consiguientes problemas por las demandas de los inversores. El desarrollo de estas energías no fue el adecuado por cuanto se permitió la producción de mucha más potencia de la prevista y demasiado rápido. El futuro se encuentra en apostar por ellas, pero sin ayudas, y sólo las que ya son competitivas y maduras como la eólica y la solar fotovoltaica. Otro problema la elevada tarifa eléctrica que perjudica a la industria nacional, asociada a un enorme déficit tarifario, que se ha logrado frenar y ha alcanzado la cifra de los 25.000 millones.
Sería necesario, por tanto, una política energética sólida que se dirigiera al consumo más eficiente, como a la disminución de la dependencia del petróleo. En la actualidad vamos a remolque de la estrategia europea establecida para el año 2020, concretada en el 20/20/20, referidas a la reducción de los gases de efecto invernadero; al aumento hasta esa cifra del peso de las renovables en la energía total; y a la mejora de la eficiencia energética, aunque las perspectivas son de incumplimiento.
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