El fin de la Primera Guerra Mundial supuso un punto de inflexión decisivo para la historia de Europa. Los países beligerantes se fueron recuperando de las heridas de la contienda. Se ampliaron los derechos individuales entre los que se encontraba la ampliación del sufragio a las mujeres. El sistema parlamentario y pluripartidista era el más común en nuestro continente. Un clima de prosperidad y optimismo se mostró en los llamados Felices Años Veinte. Sin embargo, era necesario afrontar con las reformas oportunas los nuevos desafíos que iban surgiendo. Entre ellos, la creciente desigualdad económica entre la población que había provocado el desarrollo capitalista. Las masas obreras y campesinas estaban insatisfechas ante el desigual reparto de la riqueza. La Revolución soviética de 1917 era un ejemplo para solucionar los problemas.
Ante la creciente conflictividad social y la ineficiencia económica propia de algunos países, el sistema político liberal, tuvo que realizar un esfuerzo extra para afrontar los nuevos tiempos. La mayoría de los países no disponían de una organización política sólida, y abrazaron soluciones dictatoriales nacionalistas de derechas entre los años 1922 y 1939, que se incrementarían con la Gran Depresión mundial. La clase burguesa y media quería que un Estado fuerte impusiese disciplina y cohesión nacional, mientras las clases bajas encontraban la solución en la revolución. La democracia liberal, por tanto, solo subsistió en las naciones con más tradición. Las demás en vez de profundizar en las reformas políticas que mejorasen la vida de los ciudadanos recurrieron a la solución autoritaria, e incluso al fascismo y al nazismo con la creencia que era el único modo de preservarlo, cuando implicaba su destrucción a medio plazo.
Uno de esto países que en los años veinte abrazó un régimen dictatorial, fue España, cuando el rey Alfonso XIII, en vez de encabezar la reforma del régimen de la Restauración, ya deteriorado tras la larga vigencia de la constitución de 1876, recurrió, ante los crecientes problemas políticos y sociales, al nombrar como presidente al capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, tras el pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional el 13 de septiembre de 1923. Quedó en evidencia que el viejo régimen no podía afrontar problemas tan graves como la crisis marroquí sin una actuación conjunta y responsable de las fuerzas políticas que implicase a toda la nación. Sería la primera etapa en una evolución que volvería a aparecer en 1936.
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